Según el periodista Beto Almeida, el pueblo brasileño en algunos momentos históricos (post-suicidio Vargas, asunción de Kubitschek y de Jango Goulart), pudo resistir con éxito al golpismo.
Por Beto Almeida
Publicado en Carta Maior 17-04-2016
Dada su importancia en el escenario internacional, Brasil siempre fue y continua siendo, punto de mira de políticas intervencionistas, saboteadoras, desestabilizadoras por parte de grandes potencias imperiales a través de distintos mecanismos: empresas transnacionales, medios de comunicación, servicios de información y espionaje y, más recientemente, instituciones no gubernamentales.
Siempre que emprendió, a partir del siglo pasado, acciones destinadas a alcanzar independencia, soberanía y modelo propio de desarrollo, el Brasil fue efectivamente trabado en sus pretensiones, por la acción de estos poderes internacionales intervencionistas, siempre contando con el auxilio vasallo de oligarquías nativas y sus instrumentos locales, especialmente los medios de comunicación.
Lava Jato y paralización productiva
Es el caso del golpismo del que es víctima la presidenta Dilma Roussef. La Operación Lava Jato cuenta con conexiones externas que podrían explicar de modo más objetivo el porqué de la cuasi parálisis que produjo en la Petrobrás y en sus proyectos, llevados adelante en asociación con las grandes empresas de ingeniería nacional. Resulta innecesario analizar que esta parálisis productiva de uno de los centros vitales de la economía brasileña, produce una enorme ventaja en favor de empresas extranjeras que no esconden su voracidad en avanzar sobre la economía petrolera brasileña. El objetivo permanente es claro: privatizar la industria petrolera y demoler la ingeniería nacional que, en asociación con el Estado, proyecta al Brasil como un gran protagonista en el contexto internacional. Aún más cuando la política externa brasileña se articula con los BRICS, la UNASUR, la CELAC y el MERCOSUR, ente este último que los EUA y las oligarquías nativas nunca escondieron el deseo de verlo destruido.
Cabe recordar que las agresiones militares, con demoledores bombardeos de la OTAN, para el cambio de régimen en Irak y Libia, ocasionaron como manifestación, un resultado concreto negativo para Brasil: la expulsión de estos países de las grandes empresas brasileñas de ingeniería, donde habían construido estratégicas obras de infra-estructura energética y de otro tipo, siendo, enseguida, sustituidas por empresas norte-americanas (Halliburton) o francesas. Aquí en Brasil el proceso de demolición es realizado, hasta ahora, sin bombardeos, pero por medio de la paralización productiva, trayendo atraso en sectores estratégicos y enorme desempleo. Sólo el grupo empresario Odebrecht despidió, aproximadamente, 70 mil trabajadores, luego de volverse blanco de la Operación Lava Jato. Siendo importantísimo señalar que muchos proyectos alcanzados por esta empresa, actualmente semi-paralizados, están localizados en la recuperación de la estratégica industria de defensa brasileña, asumiendo, por lo tanto, una simbología especial. Sería la continuidad del proceso de desarme unilateral, promovido por la demolición de la industria brasileña de defensa durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). ¿A quién interesa que Brasil, novena economía del mundo, esté desprovisto de capacidad de defensa?
Sabotajes sistemáticos
Se pueden coleccionar las acciones hostiles contra el desarrollo independiente y soberano de Brasil. El propio teléfono celular de Dilma Roussef fue escuchado ilegalmente por un organismo estatal de los EUA. Computadoras de la Petrobrás fueron robadas. Wikileaks reveló conversaciones entre líderes políticos de la oposición brasileña y autoridades norte-americanas, indicando trabajo efectivo para sabotear la soberanía nacional sobre el petróleo de la camada pré-sal y, también, apuntando a debilitar la presencia de la Petrobrás en esta actividad económica, sin duda, estratégica para Brasil. Pero además del petróleo, se registró, también, en los documentos divulgados por Wikileaks, una acción norte-americana para vetar la transferencia de tecnología externa para el Programa Espacial Brasileño, así como la permanente hostilidad contra el Programa Nuclear Brasileño, en particular el proyecto del submarino nuclear, que recibió significativo refuerzo presupuestario y político por parte de los gobiernos Lula y Dilma.
Estos sabotajes y hostilidades no son recientes. Vale citar que cuando Getúlio Vargas (1951-1954) lanzó el Programa Nuclear Brasileño, bajo el comando del Almirante Álvaro Alberto, turbinas atómicas compradas por el Brasil a Alemania fueron decomisadas, en 1952, en el Puerto de Hamburgo, por dispositivos militares norte-americanos. Vargas, Jango Goulart, Lula y Dilma fueron siempre objeto de acciones de sabotaje imperial tendiendo a impedir el desarrollo autónomo y soberano del Brasil.
En este momento, llegamos, una vez más, a una hora crucial en nuestra historia. Dilma es objeto de un ataque articulado entre sectores del poder judicial, del ministerio público, de la Policía Federal, del parlamento y de los medios de comunicación, que, bajo el disfraz del uso malvado de la figura constitucional del impeachment, opera, en la realidad, para deponer a la primera mandataria, sin que haya crimen de responsabilidad comprobado y cabal.
Delante de falsas historias, existe el derecho de resistir
En algunos momentos de la historia brasileña, el derecho de resistir al golpismo o al fraude fue utilizado con éxito, con inmenso apoyo popular. En otros momentos, lamentablemente, no hubo la resistencia que podría haber habido. La propia Revolución de 1930 se constituyó en una reacción al gigantesco fraude electoral, a las elecciones fraudulentas celebradas en la 1ª República (1889-1930), que supuestamente había derrotado, con cobertura de los medios de comunicación oligárquicos y de los intereses extranjeros, al candidato de la Alianza Liberal a la presidencia, Getúlio Vargas. El resultado de aquella elección fraudulenta, organizada para mantener la hegemonía oligárquica sobre un Brasil agrario y desindustrializado, no fue deglutido por la elite alternativa. La Revolución del 30, con apoyo popular y de militares progresistas, abrió una nueva etapa para el desarrollo autónomo brasileño, combinando industrialización y justicia social y la estructuración del Estado como palanca de este desarrollo. Hubo un notable apoyo en la sociedad a este proceso, con excepción de la oligarquía, especialmente la paulista, que, en armas, en la contra-revolución de 1932, se levantó contra las transformaciones sociales en curso. Derrotada la reacción oligárquica paulista, apoyada por poderes imperiales, la Era Vargas (1930-45 y 1951-54) produjo, el Instituto Tecnológico de Aeronáutica, la Compañía Siderúrgica Nacional, el Banco Nacional de Desarrollo, la Consolidación de las Leyes del Trabajo, la Vale do Rio Doce y la Petrobrás, además de la justicia electoral, el derecho de voto a las mujeres, en 1932, mucho antes que Francia, que, aunque auto-proclamada campeona de la democracia, sólo lo reglamentó después de la segunda guerra mundial.
Vargas, el disparo y la resistencia
La Era Vargas fue interrumpida por una desestabilización conservadora, como hoy, también registrando conexiones internacionales interesadas en clausurar el curso de transformaciones sociales y de independencia de Brasil. A pesar de la inmensa popularidad de que disponía, el 24 de agosto de 1954 Vargas optó por no atender la propuesta de Tancredo Neves, su joven ministro de justicia, para que resistiese al golpe, convocando a la Villa Militar de Rio de Janeiro y a la mayoría del pueblo. Con el disparo al corazón Vargas despertó la furia popular que impidió el golpe, pero, al mismo tiempo, reveló el tremendo apoyo popular de que era depositario, en caso que hubiese decidido resistir, con chances concretas de derrotar al golpismo. Juscelino Kubitschek (1956-61), sucesor de Vargas, también fue objeto de acciones golpistas constantes y, tal como Lula y Dilma, de implacable y sistemática hostilidad por parte de los medios de comunicación, con excepción del diario Última Hora. Pero, aun así, Juscelino Kubitschek consiguió, incluso con amargas concesiones, llegar al final de su mandato, pero no sin el apoyo decidido del Mariscal Henrique Teixeira Lott, símbolo del apoyo de una corriente militar nacionalista y democrática, configurando la actuación organizada de una Resistencia Democrática a las acciones desestabilizantes contra el gobierno electo por el voto popular.
Cadena de la Legalidad
Una nueva e inolvidable expresión de resistencia democrática al golpismo acontecería en 1961, la arbitraria y dictatorial tentativa de impedir la asunción de Jango Goulart (1961-64) a la presidencia, luego de la renuncia de Janio Quadros (1961). Bajo el comando del gobernador de Río Grande del Sur, Leonel Brizola (1959-63), se organizó la Red de Legalidad, involucrando centenas de emisoras de radio por todo el país, teniendo al frente a las radio-transmisoras de Radio Guaíba, instaladas en los sótanos del Palacio do Piratini, que consiguió, con la convocatoria a una movilización popular amplia, derrotar la acción golpista de entonces.
Esa Red de Legalidad, con Brizola al micrófono, fue, una vez más, la comprobación de que el recurso al derecho democrático de resistir puede ser victorioso cuando, en ciertas condiciones de la historia, y en el momento cierto, hay una convocatoria a la participación directa del pueblo en los destinos del país, defendiendo el Estado Democrático de Derecho.
Una vez más , nosotros brasileños y brasileñas, estamos delante de una situación crucial y decisiva, en la cual la organización de una Red Democrática de Comunicación , puede galvanizar la conciencia popular, convocando su participación para garantizar el respeto al voto popular que eligió a la Presidenta Dilma Roussef, pero, también, la continuidad de las conquistas del pueblo brasileño, sea las de la Era Vargas, – la Petrobrás y la Consolidación de las Leyes del Trabajo – y también las más recientes, como los programas sociales de distribución del ingreso e inclusión social, de los gobiernos Lula (2003-10) y Dilma (2011 en adelante), especialmente, la Ley de Participación (regula exploración y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos en área présal) y la política externa soberana.
Hay un campo público de comunicación, TVs y radios, de alcance nacional y estadual, que , coordinadas entre sí, con una programación adecuada, comprometiendo también TVs y Radios Educativas, Comunitarias y Universitarias, puede llevar al pueblo, el justo y necesario mensaje del derecho democrático de resistir a esta descarada acción golpista, disfrazada bajo la farsa del impeachment.
Traducción: AmerSur
