Mientras en el mundo desarrollado crecen las críticas al TPP, algunas elites latinoamericanas lo promueven. Según Celso Amorím, precisamos evitar una falsa inserción internacional por medio de tratados injustos.
Por Celso Amorim
Publicado en Carta Capital 10-05-2016
El 29 de abril último, participé de un evento intitulado Normas, Derechos y Resistencia, que se llevó a cabo en la New School, institución de Nueva York que presta especial énfasis a los temas sociales. Allí se interactuó, a lo largo de un día, en una serie de mesas y debates entre especialistas y con el público sobre los llamados “mega-acuerdos comerciales”, especialmente sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, en inglés), ya firmado y a la espera de ratificación, y el Acuerdo de la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversiones (TTIP), aún en negociación.
La gran mayoría de los conferenciantes y participantes de los debates estaba compuesta de norteamericanos o de personalidades radicadas en los Estados Unidos (economistas, ex-consejeros gubernamentales, profesores y activistas de causas sociales y ambientales).
Naturalmente, la mayor preocupación era el impacto de esos acuerdos en el país-sede del seminario. Pese a ello, varios de los participantes no dejaron de mencionar el papel de Brasil en la resistencia al Alca, citada como uno de los poquísimos acuerdos que no prosperaron, así como nuestra actuación en la OMC, especialmente la creación del G-20.
Nos correspondió a una investigadora del South Center, con sede en Ginebra, y a mí, profundizar un poco los aspectos internacionales y los efectos para los países en desarrollo. Los acuerdos fueron duramente criticados, sea por la forma poco transparente con que fueron negociados, sea por su contenido, que privilegia los intereses de las empresas transnacionales, con total desprecio por los impactos de los dispositivos sobre los trabajadores y la población en general.
Este tema, muy presente en los debates de la campaña electoral norteamericana, es actual también en Brasil. Uno de los partidos que se presentan como una de las columnas-maestras del eventual gobierno que emergerá en el caso de que el Senado apruebe la admisibilidad del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff incluyó la cuestión de la negociación de nuevos acuerdos comerciales, juntamente con la reformulación de la política externa, en la plataforma que presentó al “aspirante”, si podemos referirnos así al actual vice-presidente, al puesto de jefe de la nación.
Entre los diversos aspectos abordados en las discusiones, destacaría los siguientes:
- a pesar del título inocente de “acuerdo comercial”, el TPP (concentrémonos en él, pues la asociación transatlántica parece patinar), en verdad, invade aspectos fundamentales de la organización económica, social y política, con cláusulas que prevén la posibilidad de que empresas privadas extranjeras demanden o accionen contra el Estado anfitrión delante de tribunales arbitrales privados sobre restricciones procedentes o derivadas de medidas de naturaleza ambiental u otras, “regla” notoria sobre disputas inversor/Estado.
- El tratado crea enormes limitaciones a las políticas de incentivo a las industrias nacionales, sea por medio de la exigencia de tratamiento no discriminatorio (sic) al inversor de afuera por medio de las compras de gobierno, sea al expandir el alcance del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya en sí problemático, sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, conocido por el acrónimo en inglés TRIMS.
- De forma más escandalosa, el TPP, a ejemplo de otros acuerdos bilaterales firmados por los Estados Unidos con países en desarrollo, contiene la cláusula sobre propiedad intelectual (TRIPS plus), que, en la práctica, retira o limita la flexibilidad duramente alcanzada por los países en desarrollo en ocasión del lanzamiento de la Ronda de Doha, conocida como la “Declaración de Doha sobre la Propiedad Intelectual y la Salud” (20-11-2001).
Es esa “Declaración” que permite a los países en desarrollo recurrir a las licencias compulsorias, quebrar el monopolio de los grandes laboratorios y facilitar la utilización de los medicamentos genéricos para el tratamiento de enfermedades como el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, aunque no limitada a estas.
El principio básico de la Declaración de Doha ha sido sistemática y explícitamente reiterado en documentos internacionales de alcance universal, como aquel relativo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, aprobado por los jefes de Estado en la cúpula que tuvo lugar en paralelo a la última Asamblea-General de las Naciones Unidas.
Está presente también en las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y es citada como esencial al bienestar de las poblaciones más pobres en informes de ONGs de gran respetabilidad, como el recientemente divulgado por la Oxfam sobre la creciente desigualdad dentro de cada uno de los países y entre ellos.
Llega a ser espantoso que partidos y personalidades en el poder, cuando la Declaración de Doha fue laboriosamente extraída a los países ricos y en especial a los Estados Unidos como precondición para el lanzamiento de la ronda, en un momento en que estos estaban ansiosos por “buenas noticias”, en el rastro del 11 de Septiembre, no se den cuenta de los efectos nefastos que esos acuerdos pueden ejercer sobre nuestras políticas de salud pública, sobre todo frente a los nuevos y graves desafíos, como el ébola y el zika, además de la cuestión, que se puede constituir en la nueva gran negociación en el campo de la salud, relativa a la resistencia antimicrobiana (AMR).
Es curioso también que portavoces de la industria brasileña, siempre quejosos por el proceso de desindustrialización que nuestro país padece hace décadas, parecen ansiosos por establecer acuerdos de ese tipo, que justamente debilitarán aún más a nuestro sector manufacturero, sin ofrecer compensaciones significativas en otras áreas en las cuales somos competitivos, como agricultura.
La cuestión, que tanta atención recibió en las negociaciones de la OMC, los subsidios agrícolas domésticos, ni siquiera es ligeramente abordada en el TPP. Incluso los subsidios a la exportación son tratados de forma superficial, limitada al comercio desleal, dirigido directamente a los mercados de los países del acuerdo, ignorando los efectos dañosos de esos subsidios en las ventas a terceros países.
Además de los aspectos económicos, los nuevos mega-acuerdos tienen una dimensión geopolítica. En el caso del TPP, hay un evidente objetivo de aislar a China de varios de sus vecinos y limitar la influencia de Pekín en el contexto asiático y en el Océano Pacífico.
No sería sorpresa si, en el afán de romper la cohesión del BRICS, en un momento de fragilidad de algunos de los países que lo componen, se adopten nuevas iniciativas, inclusive en nuestro continente. Tenemos que ejercer toda nuestra capacidad de resistencia si no queremos consolidar una situación histórica de dependencia y subdesarrollo.
No habría peor momento para debilitar la unidad del Mercosur y partir en la búsqueda de una ilusoria inserción internacional por medio de acuerdos desequilibrados e injustos.
*Celso Amorim fue canciller en los dos mandatos de Lula y ministro de Defensa en la primera administración de Dilma Rousseff
Traducción: Amersur
