Este artículo de José Luís Fiori y William Nozaki, titulado “Conspiración y corrupción: una hipótesis muy probable”, publicado en Jornal do Brasil, se refiere al rol del gobierno de los Estados Unidos en el golpe de Estado que destituyó a Dilma Rousseff y en la elección de Jair Bolsonaro, como presidente del Brasil.
José Luís Fiori * William Nozaki**
Jornal do Brasil 25-07-2019
Es común hablar de “teoría de la conspiración” cuando alguien revela o denuncia prácticas “irregulares” o articulaciones políticas, ocultas al público en general, y conocidas solo por algunas pocas personas. Casi siempre cuando se usa esta expresión, es con el propósito de descalificar la denuncia que se ha hecho, o a la misma persona que hizo público lo que estaba destinado a ocultarse en la sombra o el olvido de la historia. Pero, de hecho, más rigurosamente, no existe una “teoría de la conspiración”. Lo que existen son las “teorías del poder” y la “conspiración” es sólo una de las prácticas más comunes y necesarias de quienes participan en la lucha política diaria por el poder mismo. Esta distinción conceptual es muy importante para quienes pretenden analizar la coyuntura política nacional o internacional, sin temor a ser acusado de “conspirador”. Es un punto de partida fundamental para la investigación que proponemos hacer sobre cuál ha sido el verdadero papel del gobierno de EUA en el golpe de Estado 2015-2016 y en la elección del capitán Bolsonaro en 2018.
En este caso, no hay forma de no seguir el camino de la llamada” conspiración “, que culminó en el colapso institucional y el cambio del gobierno brasileño. Nuestra hipótesis preliminar es que la historia de esta conspiración comenzó en la primera década del siglo XXI, durante el mandato del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, aunque haya tomado otra dirección y velocidad desde la toma de posesión de Donald Trump y la formulación de su nueva “estrategia de seguridad nacional” en diciembre de 2017.
Al principio hubo sorpresa, pero hoy todos han entendido que esta nueva estrategia ha abandonado los viejos parámetros ideológicos y morales de la política exterior de Estados Unidos, la defensa de la democracia, de los derechos humanos y el desarrollo económico, y se hizo cargo explícitamente del proyecto de construcción de un imperio militar global, con la fragmentación y multiplicación de conflictos, y el uso de diversas formas de intervención externa, en países que se convierten en objetivos de los estadounidenses. Sea a través de la manipulación inconsciente de los electores y de la voluntad política de esas sociedades; sea a través de nuevas formas “constitucionales” de golpes de Estado; sea a través de sanciones económicas cada vez más extensas y letales, capaces de paralizar y destruir la economía nacional de los países afectados; sea, finalmente, a través de las llamadas “guerras híbridas” que tienden a destruir la voluntad política del adversario, utilizando la información más que la fuerza, las sanciones más que los bombardeos, y la desmoralización intelectual de los opositores antes que la tortura.
Desde este punto de vista, es interesante seguir la evolución de estas propuestas en los propios documentos de los Estados Unidos, en los que se definen los objetivos estratégicos del país y sus principales formas de acción. Así, por ejemplo, en el Manual de Capacitación de las Fuerzas Especiales de EUA de 2010, preparado para la guerra no convencional, publicado por el Pentágono en 2010, se declara explícitamente que “el objetivo de EUA en este tipo de guerra es explotar políticas, militares, económicas y psicológicas de poderes hostiles, desarrollando y apoyando fuerzas internas de resistencia para lograr sus objetivos estratégicos”. Con el reconocimiento de que “en un futuro no muy lejano, las fuerzas estadounidenses participarán predominantemente en operaciones de guerra irregulares”.
Una directriz que fue explicitada, de manera aún más clara, en el documento que define por primera vez la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del gobierno Donald Trump en diciembre de 2017. Se puede leer allí con todas las letras, que la “lucha contra la corrupción” debe tener un lugar central en la desestabilización de los gobiernos de los países que sean “competidores” o “enemigos” de los Estados Unidos. Una propuesta que fue detallada en el nuevo documento sobre la Estrategia de Defensa Nacional de EUA, publicado en 2018, que dice que “una nueva modalidad de conflicto no armado ha estado cada vez más presente en la escena internacional con el uso de prácticas económicas predatorias, rebeliones sociales, ciber-ataques, noticias falsas, métodos anticorrupción”.
Es importante destacar que ninguno de estos documentos deja la menor duda de que todas estas nuevas formas de “guerra no convencional” deberían usarse, principalmente, contra los Estados y compañías que desafían o amenazan los objetivos estratégicos de los Estados Unidos.
Ahora bien, en este punto de nuestra investigación, vale la pena hacer la pregunta fundamental: ¿Cuándo fue, en la historia reciente, que Brasil entró en el radar de estos nuevos estándares de defensa y seguridad de Estados Unidos? Aquí no hay duda de que caben muchos hechos y decisiones adoptadas por Brasil, especialmente después de 2003, como fue el caso de su política exterior soberana, su liderazgo autónomo en el proceso de integración sudamericana, o incluso su participación en el bloque económico BRICS, liderado por China. Pero no hay duda de que el descubrimiento de las reservas de petróleo de pre-sal en 2006 fue el punto de inflexión, cuando Brasil cambió su posición en la agenda geopolítica de los Estados Unidos. Basta leer el Blueprint for a Secure Energy Future, publicado en 2011 por la administración Barack Obama, para evocar que en ese momento Brasil ya estaba en una posición prominente en tres de las siete prioridades estratégicas de la política energética de los Estados Unidos: (i) como fuente de experiencia para la producción de biocombustibles; (ii) como socio clave para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas; (iii) como territorio estratégico para la prospección del Atlántico Sur.
A partir de ahí, no es difícil rastrear y conectar algunos acontecimientos, sobre todo a partir del momento en que el gobierno brasileño promulgó (2003) su nueva política de protección de los productores nacionales de equipamientos, con respecto a los antiguos proveedores extranjeros de la Petrobrás, como era el caso, por ejemplo, de la empresa norteamericana Halliburton, la mayor empresa mundial de servicios en campos de petróleo y una de las principales proveedoras internacionales de las sondas y plataformas marítimas. Esta corporación fue dirigida, hasta los años 2000, por Dick Cheney que se convertiría en el vice-presidente más poderoso de la historia de los EUA (2001-2009). La Odebrecht, la OAS y otras grandes empresas brasileñas entran en esa historia, a partir de 2003, exactamente en lugar de estos importantes proveedores internacionales que perdieron su lugar en el mercado brasileño. Vale la pena recordar aquí el comienzo de la compleja negociación entre Halliburton y Petrobrás sobre la compra y entrega de las plataformas P 43 y P 48 de U$S 2,5 mil millones de dólares, que comenzó en la gestión de Dick Cheney y duró hasta 2003-2004, con la participación del Gerente de Servicios de la Petrobrás en ese momento, Pedro José Barusco, quien más tarde se convertiría en el primer delator conocido de la Operación Lava Jato.
En este punto, por cierto, siempre sería bueno recordar la famosa tesis de Fernand Braudel, el mayor historiador económico del siglo XX, que “el capitalismo es el anti-mercado”, es decir, un sistema económico que acumula riqueza a través de la conquista y la preservación de monopolios, utilizando cualquier medio a su alcance. Traduciendo el argumento de Braudel a niños: el capitalismo no es una organización ética ni religiosa, y no tiene ningún compromiso con ningún tipo de moral pública o privada que no sea la multiplicación de ganancias y la continuada expansión de sus mercados. Esto se puede ver, más que en cualquier otro lugar, en el mundo salvaje de la industria petrolera mundial, desde el comienzo de su exploración comercial de petróleo, desde el descubrimiento de su primer pozo por el “Coronel” Edwin L. Drake, en Pensilvania, en 1859.
Ahora bien, volviendo al eje central de nuestra investigación y de nuestro argumento, es bueno recordar que este mismo Dick Cheney, que vino del mundo del petróleo y jugó un papel decisivo como vicepresidente de George W. Bush, fue quien concibió e inició el llamada “guerra contra el terrorismo”, obteniendo el consentimiento del Congreso estadounidense para comenzar nuevas guerras, incluso sin la aprobación previa del Parlamento; y lo más importante, para nuestros propósitos, fue capaz de aprobar el derecho de acceso a todas las operaciones financieras en el sistema bancario mundial, prácticamente sin restricciones, incluido el antiguo secreto bancario suizo y el sistema de pago europeo SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Por lo tanto, no es absurdo pensar que fue por este camino que el Departamento de Justicia de EUA tuvo acceso a las informaciones financieras que luego se transmitieron a las autoridades locales de aquellos países que los Estados Unidos se propusieron desestabilizar con campañas selectivas ” contra la corrupción”. En el caso brasileño, al menos, fue después de estos acontecimientos que ocurrió el asalto y el robo de informaciones geológicas secretas y estratégicas de la Petrobrás en 2008, exactamente dos años después del descubrimiento de las reservas brasileñas de petróleo pre-sal (2006). En este último año, los Estados Unidos reactivaron su IV Flota de Monitoreo Naval del Atlántico Sur.
Fue en el 2009, que comenzó el intercambio entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal del Brasil, para tratar temas ligados al lavado de dinero y el “combate a la corrupción”, en un encuentro que dio como resultado una iniciativa de cooperación denominada Bridge Project, en la cual participó el entonces juez Sergio Moro.
Más tarde, en 2010, Chevron negoció en secreto, con uno de los candidatos para las elecciones presidenciales brasileñas, cambios en el marco regulatorio de la pre-sal, en una “conspiración” que salió a la luz con las filtraciones de Wikileaks, que finalmente se convirtió en un proyecto de ley presentado y aprobado por el Senado brasileño. Tres años más tarde, en 2013, se supo que la presidencia de la República, los ministros de Estado y los líderes de la Petrobrás habían sido objeto de ataques básicos de espionaje, como revelaron las acusaciones de Edward Snowden. El mismo año en que la embajadora de Estados Unidos (Liliana Ayalde) que acompañó el golpe de estado de Paraguay contra el presidente Fernando Lugo fue trasladada a la embajada de Brasil. Fue exactamente después de este cambio diplomático en 2014 que comenzó la Operación Lava Jato, que adoptó la sugestiva decisión de investigar las coimas pagadas a los directores de la Petrobrás, exactamente a partir de 2003, dejando afuera por lo tanto a antiguos proveedores internacionales, en el preciso momento en que concluían las negociaciones de la empresa con Halliburton, en torno a la entrega de las plataformas P43 y P48.
Si todos estos datos están conectados correctamente, y nuestra hipótesis es creíble, no es sorprendente que después de cinco años del inicio de esta “Operación Lava Jato”, las filtraciones publicadas por el sitio web de The Intercept Brasil, que dan noticias de la parcialidad de los fiscales y del principal juez involucrado en esta operación, provocaron una reacción repentina y extemporánea de los dos principales acusados en esta historia que prácticamente se ocultaron en los Estados Unidos. Probablemente buscando instrucciones e información que les permitieran salir de las cuerdas y volver a hacer a sus nuevos acusadores lo que siempre habían hecho en el pasado, utilizando la información transmitida para destruir a sus oponentes políticos. Sin embargo, el pánico del ex juez y su falta de preparación para enfrentar la nueva situación lo hicieron comportarse de manera atolondrada, solicitando un permiso ministerial y viajando por segunda vez a los Estados Unidos. De ese modo publicitó su lugar en la cadena de mando de una operación que parece haber sido la única exitosa, hasta ahora, de intervención internacional del dúo John Bolton y Mike Pompeo, los dos “terroristas suicidas” que dirigen la política exterior del gobierno de Donald Trump. Una operación tutelada por los estadounidenses y respaldada por los militares brasileños.
Entonces, si nuestra hipótesis es correcta, no hay posibilidad de que las personas involucradas en este escándalo sean informadas y juzgadas imparcialmente, porque todos los involucrados han sido plenamente conscientes y han respaldado las prácticas ilegales del ex juez y su “fiscal asistente “, prácticas que fueron decisivas para la instalación del capitán Bolsonaro en la Presidencia de la República. Lo único que les molesta en este momento es el hecho de que su “conspiración” se ha hecho pública, y que todos han entendido quién es el verdadero poder que está detrás de los llamados “Beatos de Curitiba”.
* Profesor titular del Programa de Posgrado en Economía Política Internacional (IE / UFRJ); Investigador del Instituto de Estudios Estratégicos sobre Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP).
** Profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo (FESPSP) y director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP).
