La falsificación del sentido del lenguaje económico ayuda a imponer atrocidades a la sociedad, alerta Michael Hudson. Con la inversión pública en infraestructura, los gobiernos quieren ayudar a la economía a funcionar de forma más rentable.
Por Carlos Drummond
Publicado por Carta Capital 7-8-2017
Una de las características de la economía actual es el uso de una lógica superficialmente admisible para evitar la discusión sobre lo esencial, advierte el economista Michael Hudson, investigador y profesor emérito de la Universidad de Missouri, en los Estados Unidos, y de la Universidad de Pekín, en la China.
Eso es hecho, por ejemplo, cuando se afina la demagogia diciendo que los impuestos bajos para los privilegiados resultan benéficos para el resto de la sociedad. “El objetivo es componer una historia verosímil para convencer a la población, especialmente a las clases más bajas, de que identifiquen su bienestar con el de la oligarquía, confiando en que sólo aquel 1% más rico puede salvarlos, ofrecerles empleos y financiarlos”, enseña Hudson.
Para desenmascarar los absurdos y los fraudes intelectuales escondidos en la terminología económica, Hudson publicó este año el libro J Is For Junk Economics: A Guide to Reality In an Age of Deception, en el que procura demostrar “como un vocabulario orwelliano domina a los medios de comunicación, a la enseñanza de la economía e incluso a la representación estadística de su funcionamiento”.
Todo acontece, dice Hudson, como si no hubiese reconocimiento de la propiedad y de las inversiones, ni de las ganancias de capital derivadas de la inflación de los precios de los activos, a pesar de ser estos el principal objetivo de los inversores inmobiliarios y financieros.
En adelante se consigna una selección hecha por CartaCapital de notas del capítulo intitulado “Los 22 mitos económicos más nocivos de nuestro tiempo”, desenmascarados por el autor.
Mito: El sector público es un peso muerto y la actividad del gobierno es un gasto extra innecesario. La conclusión es que los gastos públicos deben minimizarse.
Realidad: La inversión en infraestructura pública es un factor de producción. Su papel es reducir el costo de vida y facilitar los negocios, prestando servicios de transporte, comunicaciones y cuidados a la salud, entre otros, a precio de costo, de forma subsidiada o libremente. La inversión pública en tales monopolios naturales los mantiene fuera de las manos de privatizadores, rentistas y financistas.
Mito: Los beneficios del capital no son ingresos y, por lo tanto, no deben estar sujetos al Impuesto a la Renta o a contribuciones para financiar la Previsión Social.
Realidad: Los administradores de inversiones definen los retornos totales como la renta corriente más las ganancias derivadas del precio de los activos. Esos beneficios son el principal objetivo de los inversores de los sectores de las finanzas, seguros e inmuebles.
Mientras tanto, en ningún lugar de las cuentas nacionales o en las estadísticas del balance patrimonial del Banco Central hay una medida de las ganancias derivadas del precio de los activos para terrenos, acciones y otros títulos financieros.
En lo que respecta a las estadísticas oficiales, el principio orientador parece ser que aquello que no es visto, no será pasible de tributación o reglamentación. El impuesto a la renta en los Estados Unidos en 1913, por ejemplo, aplicó los mismos gravámenes a las adquisiciones y a los rendimientos de capital, a partir de la suposición de que el efecto sería el mismo: un aumento de riqueza es “ahorro”.
Al contrario de los salarios y de los lucros, los beneficios derivados de los precios de los activos no resultan del esfuerzo de sus dueños. Es el caso de las ganancias o beneficios a partir de: 1. Inversión en infraestructura pública, que aumenta el valor de los inmuebles del entorno.
- Aumento de la demanda del mercado de vivienda y productos a partir de una mayor prosperidad nacional.
- Políticas de crédito fácil establecidas por el Banco Central (quantitative easing, o aumento del volumen de dinero en el mercado, provocado con la compra intensiva de títulos públicos por el Banco Central) para bajar las tasas de interés y aumentar los precios de los títulos.
Esas modalidades de enriquecimiento son gravadas con impuestos más bajos en comparación con aquellos que se aplican sobre los salarios y los lucros industriales obtenidos con la formación de capital tangible.
Eso hizo que el 1% más acaudalado de la sociedad se convirtiese en una clase principalmente rentista, enriquecida con el subsidio público y beneficiándose también de los impuestos bajos aplicados sobre las ganancias obtenidas a partir de la propiedad y los retornos financieros del apalancamiento de la deuda.
Mito: La privatización es más eficiente que la propiedad y la gestión pública.
Realidad: La inversión pública en infraestructura ha sido la principal categoría de formación de capital desde tiempos inmemoriales. En vez de buscar lucro con esa inversión, los gobiernos tienden a subsidiar los precios cobrados por los servicios básicos de infraestructura, de modo de tornar más competitiva a la economía.
El objetivo no es, por lo tanto, ayudar al sector privado a obtener lucros, sino a funcionar de forma más rentable. Los monopolios más cruciales son aquellos que los gobiernos mantuvieron por mucho tiempo bajo dominio público: caminos y otros transportes básicos, correos y comunicaciones, investigación y desarrollo, salud pública y educación.
La privatización genera beneficios y otras tarifas o ingresos de propiedad para los rentistas, sueldos y gratificaciones para los ejecutivos, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de obtención de alquileres extorsivos. Usar esos sectores como oportunidades para extraer renta, beneficios y tarifas es el sueño de las cleptocracias financieras.
El objetivo es obtener ganancias de capital, con políticas tributarias que reviertan las reformas progresistas. El suministro y el precio de los transportes, de las comunicaciones, de agua y salud pública, son en gran parte responsables por las diferencias de los costos internacionales.
Mientras tanto, en ninguna parte de la teoría del comercio del “mercado libre” ese papel de la inversión pública es tomado en cuenta en los índices de costos comparativos o en los análisis del costo absoluto. Las cuentas nacionales no consideran a la formación de capital (infraestructura pública) por el gobierno como un activo, en contrapartida a los gastos, en el cálculo de déficits o excedentes presupuestarios.
Mito: Los déficits del gobierno son nocivos, los presupuestos equilibrados son buenos y los superavitarios, aún mejores.
Realidad: Cuando los gobiernos generan déficits (excepto para salvar bancos y pagar a los tenedores de títulos públicos), ellos colocan dinero en la economía. Pero, si ellos ejecutan un presupuesto equilibrado (o, peor aún un presupuesto superavitario), eso retira ingresos de la economía.
Eso fue lo que ocurrió cuando el ex-presidente Andrew Jackson, de los Estados Unidos, ejecutó superávits presupuestarios deflacionarios en la década de 1830, después de cerrar el Banco de los Estados Unidos. También aconteció luego de la Guerra Civil, cuando los EUA procuraron revertir los precios a los niveles anteriores a 1860, causando una depresión prolongada.
Los pedidos a los gobiernos a que mantengan presupuestos equilibrados emanan del movimiento del sector bancario para substituir a los tesoros nacionales como fuente de dinero y crédito.
Cuando el presidente Bill Clinton generó un superávit presupuestario al final de su administración, fin de la década de 1990, eso obligó a la economía norteamericana a confiar en los bancos comerciales para proveer el crédito necesario para crecer.
Al contrario de los gastos del gobierno, que pueden autofinanciarse, los bancos cobran intereses e impuestos por la creación de crédito – y crean crédito principalmente para aumentar los precios de los activos, no para estimular el empleo y la formación de capital tangible.
Mito: Los cortes en los gastos públicos colocan al presupuesto del gobierno en equilibrio, restaurando la estabilidad.
Realidad: Al contrario de las deudas del sector privado, las del gobierno no pueden ser objeto de baja contable. Los empréstitos del Fondo Monetario Internacional a los gobiernos, para rescatar a los tenedores de títulos privados (principalmente los bancos y el 1% más rico), dejan inexorablemente un residuo de presiones y exigencias del Fondo sobre los gobiernos.
Las condicionalidades impuestas – reducciones en los gastos públicos, o de jubilaciones y pensiones – profundizan el déficit presupuestario. Eso lleva al organismo y a los ministros de Finanzas a presionar por una austeridad aún más severa, como si su “remedio” no hiciese sangrar y no debilitase a la víctima endeudada.
La espiral descendente resultante es el objetivo real de la austeridad, porque el agravamiento de la crisis financiera de un gobierno impone privatizaciones. Eso es especialmente claro en la conquista financiera de Grecia desde 2010.
Mito: El criterio de la ciencia económica es demostrar que las economías tienden a la estabilidad y a una distribución cada vez más justa y equitativa del ingreso y la riqueza. Modelos de polarización o atrofia no tienen una resolución matemática simple, por lo tanto, no se encuadran en la definición de ciencia económica propiamente dicha.
Realidad: Los sectores financiero e inmobiliario buscan controlar los contenidos de la enseñanza y de los medios de comunicación para desalentar o intimidar a las reformas que retardarían su búsqueda de la monopolización de la riqueza y del poder político.
Ese control es realizado por medio de la alteración del significado del vocabulario económico y la eliminación del estudio de la historia económica. El antídoto para la economía-basura, enseñada después de esas modificaciones, precisa explicar por qué las economías tienden a tornarse más inestables y polarizadas como resultado de su propia dinámica interna y, sobre todo, a su dinámica del crédito y de la deuda y a la no tributación de la ganancia de la inversión.
Traducción AmerSur
