Las cadenas globales representan un nuevo modo de producir, que diluye el poder de los sindicatos y/ o el poder reivindicatorio de los trabajadores.
Por Kjeld Jakobsen* – Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais
Publicado en Carta Capital 26-05-2016
Uno de los temas de la agenda de la 105ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se realizará desde el 30 de mayo al 12 de junio, es una discusión general sobre el “Trabajo Decente en las Cadenas Productivas Globales” que, grosso modo, representan a la actual estructura de producción y comercio por encima de las fronteras.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) promueve que la reunión del Consejo de Administración de la OIT en noviembre próximo apruebe la creación de una nueva Convención de Trabajo sobre este tema.
Una convención es lo máximo que se puede esperar de la OIT en términos prácticos y es lo que debemos defender. Sin embargo, sin mayores ilusiones, pues el problema de la violación de derechos laborales en las Cadenas Productivas Globales (CPGs) es extremadamente complejo y no será sólo la mera adquisición de una nueva convención que va a solucionarlo.
En la OIT, los aspectos estratégicos de las discusiones son frecuentemente dejados de lado y se lidia apenas con la superficie de los problemas relacionados con la violación de los derechos laborales.
Será difícil tratar las CPGs sin observar los dos lados de la moneda, el estratégico y el táctico, así como el papel que les cabría a los sindicatos. Las CPGs representan el cambio del paradigma del trabajo que rigió hasta el final de los años 1970 y los sindicatos que conocemos son los que surgieron para defender a los trabajadores de un modelo productivo que se transformó profundamente.
Las CPGs representan un nuevo modo de producir en el cual no habrá retorno al modelo “fordista” anterior, del modo de producción vertical y concentrada, en el cual la gran empresa producía ella misma todos los insumos para generar un determinado bien.
Ahora las empresas coordinan la producción de forma horizontal y en muchos casos solamente administran una marca, su design, su marketing y su ciencia y tecnología. Todo lo restante de la cadena productiva es descentralizado vía subcontrataciones o tercerizaciones con la participación de componentes sofisticados de tecnología y trabajo hasta los más simples y precarios.
La Confederación Sindical Internacional divulgó recientemente una pesquisa realizada en 50 grandes cadenas productivas y verificó que apenas el 6% de los empleados tenían relaciones de trabajo directas con las empresas de la cumbre de las cadenas y el 94%, equivalente a 116 millones de trabajadores, eran trabajadores “ocultos” por medio de subcontrataciones y tercerizaciones a lo largo de estas CPGs. Así, estaban todavía más sujetos a todo tipo de violación de sus derechos elementales.
Si los sindicatos quisieran preservar su poder por medio de su representatividad, necesitan también alterar su paradigma de representación y organización bajo el riesgo de tener su espacio de actuación reducido solamente al 6% de los trabajadores formales de las CPGs.
Hay otros aspectos estratégicos que merecen considerarse. Uno es la concentración y oligopolización de las CPGs. Actualmente, cerca de 700 megabancos y fondos de inversiones controlan el 80% de las CPGs e, igualmente, el 80% del comercio y el 60% de la producción mundial es realizado por las CPGs existentes.
Es mucho poder, esto es lo que permite que las cadenas se expandan sin restricciones y convenzan a los gobiernos de los Estados Nacionales a aceptar sus inversiones a cualquier precio.
Llaman a este proceso aumento de productividad y competitividad, pero en rigor se trata simplemente de incremento en la extracción de plusvalía.
El Informe de la OIT que será la base de la discusión de aquí a una semana trae algunos datos: una camiseta es producida en Asia por R$ 0,80 y será vendida en Occidente por el valor que el comercio minorista decida; una caja de té que es vendida en Inglaterra por R$ 8,24 remunera R$ 0,05 al trabajador que recoge las hojas y una unidad de banana exportada de Ecuador para Inglaterra será vendida por R$ 0,62 y pagará R$ 0,04 al productor ecuatoriano.
La primera consecuencia de esta situación es el aumento de la jornada de trabajo y daños a la salud y a la seguridad en el trabajo. La segunda es el aumento de la pobreza, debido a los salarios humillantes, lo que no contribuye en nada para el desarrollo y, por fin, la baja remuneración, normalmente, viene acompañada por diversas violaciones de derechos fundamentales de los trabajadores, como la ausencia de libertad sindical y negociaciones colectivas, trabajo infantil y esclavo, salarios menores para las mujeres, entre otras.
Estas situaciones podrían ser evitadas si los Estados cumpliesen su papel de regular y fiscalizar al mercado de trabajo. Sin embargo, no lo hacen. Algunos porque no quieren espantar a los inversores. Otros porque no quieren invertir lo necesario en el aparato del Estado. Aún están los que defienden la idea liberal de la prevalencia de lo pactado por los contratantes, sobre lo legislado, tremenda hipocresía porque en estos sectores del trabajo precario y mal pago, normalmente, no hay sindicatos que representen a los trabajadores.
Por eso, una y otra vez asistimos a escenas como aquella del edificio que abrigaba a millares de trabajadores del sector textil y que se derrumbó en la denominada Rana Plaza en Bangladesh en 2013 matando centenas de operarios. Era algo común en el Siglo XIX, pero no debería serlo en el Siglo XXI.
Otro aspecto estratégico desconsiderado son los acuerdos económicos de nueva generación que EUA, Japón y la Unión Europea intentan cerrar (TPP, TTIP, TiSA, etc.) y que incluyen instrumentos de solución de controversias entre inversores y Estados (sigla ISDS en inglés) que pueden incluir cuestionamientos de los inversores sobre las leyes laborales y ambientales nacionales y prever, que las eventuales diferencias se tramitarán ante tribunales arbitrales supranacionales y ya no más en el poder judicial nacional.
Si este tipo de solución prevalece, se altera totalmente la lógica de la OIT, que cuenta con el poder coercitivo de los Estados para hacer cumplir sus normas, desde que fueron debidamente ratificadas.
De esta forma, la discusión en junio en la OIT no puede prescindir de las consideraciones sobre el poder de las CPGs, iniciativas anti-trusts y si los Estados Nacionales quieren colocar algunos límites institucionales sobre ellas como, por ejemplo, el rechazo a ISDS. Si las CPGs tienen una actuación global, necesitamos de instrumentos de negociaciones de contratos de trabajo globales, por lo menos, para asegurar con mayor formalidad los derechos básicos y fundamentales.
La Confederación Sindical de las Américas (CSA) aprobó una resolución en su III Congreso al final de abril sobre Cadenas Productivas Globales con varias preocupaciones fundamentales, entre ellas:
1) A partir del entendimiento que las empresas principales tienen responsabilidad sobre lo que acontece a lo largo de la cadena productiva, se debe construir una norma que de transparencia a la formación de las CPGs para que su organigrama se torne público;
2) Concientizar a las centrales sindicales nacionales filiadas en cuanto al cambio del paradigma productivo y a la necesidad de alterar el paradigma organizativo sindical;
3) Poner fin a los contratos de trabajo de corto plazo;
4) Fiscalizar los locales de trabajo inseguros con la finalidad de punir a lo responsables y estimular a los estabelecimientos seguros para el trabajo;
Si conseguimos colocar en la resolución de esta discusión que el trabajo decente tiene que ser promovido en las CPGs, que las violaciones de derechos tienen que ser combatidas y que debemos impedir la extinción del poder coercitivo nacional por medio de la implantación de tribunales arbitrales privados, habremos marcado un tanto.
*Kjeld Jakobsen es integrante de la Fundação Perseu Abramo/FPA y del Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais/GR-RI.
Traducción AmerSur
