Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder

En esta nota el Vicecanciller del Brasil aborda de manera holística el tema de la violación de los derechos humanos.

Por Samuel Pinheiro Guimarães

Febrero de 2006

“No se podría, ni mejor ni más altamente,

describir que cosa es ser esclavo en un

Ingenio de Brasil. No hay trabajo, ni género

de vida en el mundo más parecido a la

Cruz y Pasión de Cristo”

Padre Antonio Vieira

Concentración de poder y violaciones

La concentración de poder está en la raíz de las violaciones a los derechos humanos. Este enfoque es fundamental para comprender las causas de las violaciones y para definir estrategias eficientes de promoción y de defensa de estos derechos, cuya violación es padecida por la inmensa mayoría del pueblo brasileño. Esta visión de las violaciones se aplica tanto a los derechos civiles, políticos como a los económicos, sociales y culturales y también a aquellos de tercera generación, de carácter más general, como el derecho al desarrollo, al medio ambiente, etc.
Altos índices de concentración de poder solamente pueden perdurar por el ejercicio de actos de violación de derechos humanos. Las violaciones pueden ser sistemáticas e intencionales, promovidas por el Estado, como es el caso de la pena de muerte en los países que la adoptan, o por organizaciones civiles, como el Klu Klux Klan en los Estados Unidos o los grupos neo-nazis en Alemania. Las violaciones pueden ser, por otro lado, puntuales: practicadas por agentes del Estado abusando de sus prerrogativas (como en la masacre de niños, en Río de Janeiro, por policías en la Candelaria); por individuos sin función pública (como fue el asesinato por el fuego, en Brasilia del indio Galdino, por parte de jóvenes de clase media) y por las manifestaciones cotidianas y generalizadas de racismo y de discriminación.
Cuando se trata de promover la desconcentración del poder, la situación se presenta tanto más grave cuanto más elevados son los índices de concentración de poder y cuanto más articulados y militantes son los movimientos sociales o el comportamiento de los individuos, objeto de las violaciones. Estas pasan entonces a aparentar mayor gravedad y mayor visibilidad aún para los sectores y para los individuos que tienden a obstruir, a racionalizar y a edulcorar la verdadera naturaleza de las relaciones sociales en sociedades en extremo desiguales, como la brasileña.
Las violaciones que se verifican en el presente pueden provenir de la concentración de poder en el pasado, ya superada de hecho o legalmente, pero que engendró estereotipos y preconceptos en un proceso de concentración de poder simbólico que justifica los atentados, en el presente, a grupos e individuos.
Las violaciones de derechos políticos tales como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física, contra la libertad de expresión, contra los derechos civiles de etnias, que se dan en los regímenes dictatoriales o autoritarios, provienen de la concentración de poder político típica de estos regímenes y de las tentativas de sus beneficiarios de mantener los privilegios de que disfrutan actuando contra las organizaciones e individuos que procuran revertir esta situación. Las violaciones de estos derechos en regímenes democráticos son muchas veces una supervivencia de prácticas de regímenes anteriores y se reflejan en el comportamiento de la policía, de las autoridades y de funcionarios del Ejecutivo que se pervirtieron con aquellas prácticas de autoritarismo y de dictadura.
La violencia policial en Brasil contra la mayoría de la población – los pobres y los descendientes de esclavos – es terrible. Ella es visualizada y condenada por la prensa en forma puntual y por las organizaciones civiles en forma inadecuada. Hay, todavía, otras prácticas tan perjudiciales como aquella violencia desde el punto de vista de los derechos políticos, aunque poco analizada. Tales prácticas no son menos condenables y terribles, pues sus consecuencias son más comprensivas, perjudicando a aquellos grupos sociales mayoritarios, más vulnerables por su escasez de poder.
Estas prácticas antidemocráticas, que violan derechos políticos de naturaleza general, se verifican en el campo de las políticas públicas. Cuando el Poder Ejecutivo asume las funciones del Legislativo, como fue el caso de la publicación abusiva de medidas provisorias, más allá de lo que permitía la Constitución Federal brasileña o cuando practica una política penitenciaria que degrada a millares de ciudadanos que viven en condiciones infrahumanas, irrespetando la ley, está violando derechos políticos. La omisión y denegación de justicia completa el marco de acción difusa del Estado, contribuyendo a la violencia y a la violación de los derechos de los pobres y de los excluidos.
La concentración de poder en los medios de comunicación deriva del sistema de concesiones hechas por el poder público. Es una versión moderna de la práctica colonial de los sexmos. Los medios modernos de producción y de difusión de la información, como Internet, permiten -teóricamente- a cualquier individuo producir y divulgar sus ideas. En la práctica, son las grandes organizaciones empresariales privadas las que dominan el mercado de la información, por el elevado capital necesario para su instalación y operación, inclusive por la sofisticación técnica de los equipos, al contrario de lo que sucedía en los inicios de la prensa escrita. Esta concentración lleva a graves violaciones de derechos políticos, a través de la manipulación de la opinión pública, de la influencia indebida sobre el proceso electoral y sobre el ejercicio del gobierno. También a través de la difusión de preconceptos y de la defensa de la concentración de poder en general y del poder económico en particular.
La concentración de poder económico y político en el género masculino y adulto se encuentra en la raíz de las violaciones de los derechos civiles y económicos de las mujeres, de los niños, de los viejos y de los homosexuales. Estas violaciones devienen de actitudes culturales que tienen muchas veces su origen en tradiciones religiosas que colocaban a la mujer, al niño y al homosexual en una situación de inferioridad moral, sexual e intelectual, por determinación divina.
Estas tradiciones religiosas fueron legitimadas por el derecho público y privado e incorporadas a los sistemas educativos. La legislación consagró hasta el siglo XX la inferioridad política de las mujeres al negarles el derecho a votar y ser electas. En el campo económico y social, el derecho de familia muchas veces excluía a la mujer de la herencia, atribuyendo al hombre, como cabeza de la pareja, la gestión económica de la unidad familiar. El derecho de familia, durante un largo período, permitió a los padres y maridos segregar a las mujeres rebeldes o inconvenientes en conventos y hospicios, contribuyendo al temor y a la sumisión femenina. Por otro lado, el homosexualismo y la sodomía eran, hasta hace poco, considerados crímenes por la legislación de algunos países, así como por ciertos estados de la Federación americana.
La cristalización legal de mecanismos sociales discriminatorios colocó a la mujer en una situación social de inferioridad. De esta manera, reforzó en ella la convicción de su inferioridad con relación al hombre, dando lugar a su connivencia con las violaciones de derechos, inclusive violentas, de las que fue y continúa siendo víctima. La legislación, las políticas públicas discriminatorias y la connivencia femenina, inclusive surgida del miedo a la violencia, contribuyeron a la descalificación profesional, económica y cultural de las mujeres. Las dificultades de acceso al conocimiento y a la independencia económica, así como la inexistencia de derechos políticos tornaron innecesaria la educación profesional femenina, reforzando los estereotipos de inferioridad de género y perpetuando la concentración del poder en el sexo masculino.
Así, quedaba demostrada la exactitud de los preceptos religiosos y de las tradiciones que señalaban su inferioridad, justificando la discriminación y hasta los actos de violencia y de violación de derechos contra ellas practicados, como pretexto para castigar su rebelión injusta contra una situación natural, consagrada por la religión, por la moral, por las buenas costumbres y por la legislación.
Los sistemas más graves históricamente de violación de derechos humanos fueron la esclavitud y el colonialismo, hace poco superados por la humanidad, aunque permanezcan situaciones residuales importantes en ciertas regiones. La esclavitud y el colonialismo, fenómenos estrechamente ligados, generaron y cristalizaron estereotipos, preconceptos y visiones del mundo y de la sociedad que se trasmiten culturalmente y que se juzgan descendientes de los ex−señores y de las antiguas elites colonialistas en las ex−metrópolis. Estos estereotipos y la defensa de intereses concretos que existen hasta hoy en día, provocan comportamientos en las esferas colectivas e individuales que violan derechos políticos, económicos y sociales, de las que son víctimas los Estados descolonizados y los descendientes de los esclavos y nativos.
Después de la creación de las Naciones Unidas alcanzó un mayor vigor la lucha por la descolonización y contra el racismo. Desde 1945 y hasta la independencia de Namibia, última gran colonia, o si se prefiere hasta la asunción de Nelson Mandela, en África del Sur, este proceso, a través de la lucha armada o de la negociación y la concesión, tornó libres del yugo colonial y racista a más de cien Estados, cuya base ideológica era la convicción de opresores y de oprimidos sobre la inferioridad racial, cultural, moral y política de las civilizaciones sometidas.
Tanto el colonialismo tradicional en las Américas como la expansión imperialista más reciente en África y en Asia, tuvieron consecuencias similares formando el sustrato de la violación de los derechos humanos individuales, en especial respecto del racismo y de los derechos políticos y económicos de los Estados, víctimas de las presiones y de las agresiones del neo-imperialismo y de las estructuras hegemónicas. Una larga serie de intervenciones armadas de Estados centrales, (algunos ex-metrópolis, en ex-colonias) acarrearon gravísimas violaciones de derechos de poblaciones civiles, tales como los episodios de los ataques con agente naranja y con napalm en Vietnam, las torturas empleadas en Argelia y el volumen de bombas lanzadas sobre Vietnam y sobre Irak.
Hace poco más de un siglo fue abolida en Brasil la legislación que, al considerar al esclavo un objeto, permitía la esclavitud, castigaba a los intentaban abolirla o escapar de ella y concentraba así el poder político, económico y social en las manos de los señores blancos. La Abolición no se tradujo en desconcentración del poder económico, ni confirió a los hombres y a las mujeres negras la capacidad efectiva de ejercer derechos políticos. La concentración de poder en las manos de los ex−señores, permitió que continuase todo tipo de violación de derechos contra los ex esclavos.
La situación de inferioridad económica, de desarticulación social y familiar, así como la subordinación cultural y política de la población de ex−esclavos contribuyó a mantener los estereotipos y preconceptos de una supuesta e innata inferioridad racial, que justificaba- a los ojos de la población blanca- la esclavitud, las violaciones de derechos y la discriminación racial difusa.
La conquista colonial, la esclavitud o la servidumbre de los indígenas o nativos, su exterminio y la apropiación violenta de sus tierras, provocaron una enorme concentración de poder en manos de los europeos blancos colonizadores, en aquel tiempo y espacio en que la tierra era el principal stock y fuente de poder económico y político. En el plano jurídico, se cohonestó la concentración de poder por la violencia, así como las violaciones de derechos humanos contra los indígenas o nativos cuando éstos se rebelaban y buscaban desconcentrar el poder. La legislación y la situación discriminatoria económica, política y cultural contribuyeron a crear los estereotipos que alimentaron la discriminación, manteniendo a los grupos indígenas en su posición de inferioridad y tornando impunes las violaciones de derechos humanos contra ellos cometidas.
El antisemitismo actual tiene su origen en la concentración de poder económico, político y social, en perjuicio de las comunidades judaicas en el Occidente. La segregación y las estrategias de supervivencia cultural de las comunidades judaicas, con fundamento en los preceptos bíblicos, la convicción del pueblo elegido, su dinamismo económico, en especial en el comercio del dinero, prohibido por el Nuevo Testamento, los convirtieron en blanco y víctima de gobernantes e individuos poderosos. El papel atribuido a los judíos en la condena de Cristo, los hacían despreciables y odiados en el imaginario de la masa inculta cristiana. Esta concentración de poder fue legitimada por la legislación anti-semita durante el período de la Inquisición, sobreviviendo hasta hace poco en diversos países. Así, en la Europa cristiana y en los imperios coloniales de las metrópolis católicas y retrógradas, los judíos no tenían capacidad política, no podían ejercer plenamente los derechos civiles, ni practicar su religión públicamente. A título de ejemplo, los judíos no podían establecerse en el Brasil colonial y la práctica de su religión, cuando era descubierta, era penada con rigor. Apenas en 1963, en el concilio Vaticano II, la Iglesia reconoció oficialmente que los judíos no tenían culpa por la muerte de Cristo.
El apogeo del anti-semitismo se dio con el nazismo en Alemania y con los movimientos fascistas en otros países que planeaban y ejecutaban políticas de exterminio total del pueblo judío, a través de su identificación, segregación y liquidación física. Este episodio repugnante, denominado “Holocausto”, en el que murieron más de seis millones de judíos, tuvo su centro en una de las sociedades más desarrolladas cultural y económicamente de Occidente: Alemania. A pesar de los avances en la lucha contra el anti-semitismo, los estereotipos y preconceptos difusos y ahora ostensibles contra los judíos en todo Occidente, sobrevivieron hasta hoy.
La concentración de poder económico y la urbanización, en especial a partir de la Revolución Industrial, dio origen a las luchas sindicales, políticas y civiles por su desconcentración. La reacción de los beneficiarios de esta concentración contra aquellos movimientos llevó a notables violaciones de derechos humanos a través de la opresión económica y política de los trabajadores. La lucha de los trabajadores se tradujo en la creación gradual de una amplia legislación social y económica de reglamentación del trabajo y de su remuneración que permitió superar las condiciones más deplorables, producto de la concentración de poder, tales como el trabajo bruto femenino, inclusive durante el embarazo, el trabajo infantil, las condiciones insalubres y letales de trabajo, la jornada de trabajo sin límites, etc.
En el caso específico del sector agrícola, la concentración de poder económico en ciertos grupos sociales, como los latifundistas, depende de la violación permanente de los derechos de los trabajadores rurales, no-propietarios. Los casos más graves han ocurrido en diversas regiones de Brasil, en la medida en que las víctimas iniciaron una lucha más organizada y eficaz por la desconcentración.
A partir de los gobiernos de Reagan en los Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra, se expandió y se volvió casi hegemónica la idea de que el aumento de la competitividad y de la eficiencia de las empresas y la reducción del desempleo dependerían de la modernización del mercado de trabajo. Esta modernización se haría por la revisión de la legislación laboral, para tornarla flexible. Es decir la anulación de los derechos sociales conquistados, gracias a aquella larga y muchas veces sangrienta lucha. En los países en que se verificó la derogación más o menos completa de la legislación de protección al trabajador se ha dado la disminución de la masa salarial en la renta nacional y el aumento de la concentración de la renta y de la riqueza, a favor de los que detentan del capital. Esta anulación o flexibilización de los derechos sociales, corresponde a una violación de los derechos humanos económicos y sociales.
Las situaciones descriptas, a pesar de haber sido abordadas en forma sucinta, permiten percibir el mecanismo común de perpetuación de las violaciones de derechos humanos. La concentración de poder de cualquier tipo, a veces simultánea, en varias esferas e interdependiente, consagrada por la legislación, contra ciertos grupos de la población, reforzaron históricamente su situación de inferioridad y despojo y las diferencias entre individuos y grupos sociales. Se crearon así los estereotipos que contribuyeron a justificar y a perpetuar la discriminación y la concentración de poder, inclusive en el imaginario de los propios oprimidos, legitimando las violaciones de los derechos de estos grupos y la impunidad de los violadores.
La violación de los derechos humanos no es una cuestión de educación o de cultura de las poblaciones, como lo comprueba el caso de la Alemania nazi, sino que resulta de la tentativa de crear, aumentar o mantener situaciones de privilegio, que la concentración de poder permite usufructuar a sus beneficiarios.
En el pasado y aún en el presente, la legislación consagró situaciones discriminatorias porque la concentración de poder político hacía que los legisladores fuesen, en su mayoría, representantes de los grupos que concentraban el poder económico y social. Los beneficios de la concentración de poder se traducen en las normas y en las instituciones que constituyen el Estado. La ley y el Estado contribuyen a la citada concentración, la cual, dada la situación inicial de extraordinarias disparidades, tiende a acentuarse en perjuicio de los grupos oprimidos, a pesar de que individuos aislados pueden ascender socialmente y escapar de esa situación. Esto es utilizado como prueba por las teorías de la movilidad social y de la educación como solución. Por otro lado, los que estuvieron encargados de implementar tal legislación fueron y continúan siendo igualmente elegidos por el proceso político, en el cual los beneficiarios de la concentración de poder tienen una gran o prevaleciente influencia.
Cuando se considera que los fundamentos de la organización política, económica y social de la sociedad moderna son correctos, la acción de las ONGs tiene una naturaleza idealista, individualista y asistencial. En esta visión de la sociedad, los abusos y las violaciones provendrían de las acciones de los individuos o del Estado, que deberían ser corregidas y prevenidas por la acción pedagógica de la educación para modificar las mentalidades de los individuos y por la presión política y social a favor de las poblaciones y de las víctimas individuales de atentados.
La acción loable de las ONGs en defensa de casos individuales tiene una naturaleza micro-política. No alcanza la solución del problema que engendra las violaciones de forma permanente y más rápida que las soluciones. Por otro lado, al no enfrentar los mecanismos de concentración de poder, su acción corre el riesgo de disfrazar la existencia de estos mecanismos, desviando esfuerzos que podrían utilizarse para modificar la situación de violación de derechos.
El contraste entre el Estado – malo, actor y fuente de violaciones – y la sociedad civil – buena, generosa e inocente – ignora que la ley y el Estado reflejan la concentración de poder. Se omite así que dicha concentración y las violaciones que necesariamente provoca, se originan en la propia sociedad civil. En realidad, la intervención colectiva de la comunidad, a través de la legislación y del poder de coerción del Estado, puede desencadenar mecanismos de desconcentración del poder. El desmonte de los mecanismos de concentración de poder y su sustitución por mecanismos de desconcentración, podrían actuar con eficacia modificando el sustrato general de donde brotan las violaciones. Esta tarea requiere la modificación de la legislación y de la estructura del Estado, que debe, paradójicamente, reforzarse para esta finalidad.
Así, la lucha actual por los derechos humanos debe abarcar tanto el aspecto micro y valiente de combate a las violaciones, de reivindicación de reparaciones a las víctimas y de castigo de autores como la promoción de políticas públicas de desconcentración de poder, en las diversas esferas.

Neo-liberalismo y violaciones

Las doctrinas liberales inglesas de Bentham, Locke y Adam Smith fueron formuladas en una sociedad y en una época con características muy diferentes de las modernas sociedades industriales, urbanas y altamente tecnificadas. En aquella época y sociedad, estas doctrinas y políticas significaban un avance importantísimo, tanto en la esfera económica, como en la política. El neoliberalismo intenta revivir en el campo económico la visión, la doctrina y la práctica liberal, de aquello que se conoció como la teoría económica clásica, olvidando las lecciones de la Gran Depresión. De ahí su denominación: neoliberalismo, donde el neo no tiene nada de nuevo ya que significa una vuelta a lo antiguo. Es la resurrección de doctrinas muertas, antiguas e inadecuadas para los tiempos modernos, tanto desde el punto de vista económico como cuando se verifican sus efectos sobre los derechos humanos.
Las políticas neoliberales tienden a agravar las violaciones de derechos humanos, de todo tipo y así las tres generaciones de derechos humanos han sido igualmente afectadas por los efectos perversos de estas políticas.
La premisa implícita del neo-liberalismo es que los mercados de bienes, de servicios, de capital y de trabajo se caracterizan por la libre competencia. Las unidades que participan en los mismos son numerosas, de capacidad similar y con libre acceso al conocimiento. Ninguna unidad puede influir sobre los precios en su propio beneficio. Así, el neoliberalismo considera que el libre juego de las fuerzas de mercado, es la mejor forma para alcanzar la mejor utilización de recursos, la mayor productividad, la mayor producción, la mejor distribución de renta, el más alto nivel de bienestar y el progreso tecnológico más acelerado.
En consecuencia, el neoliberalismo propugna que la actividad económica del Estado sea reducida al mínimo y que no interfiera en las reglas del mercado. Las políticas neoliberales económicas, con su énfasis en la desregulación, en la revisión de los derechos laborales, en las reformas fiscales y en otras con un sesgo pro-empresa, liberan a las fuerzas del mercado que, en situaciones iniciales de gran disparidad entre individuos y grupos sociales, tienden a agravar la concentración de la renta y del poder existente, en las sociedades que adoptan dichas políticas. Mientras las violaciones puntuales son llevadas, correctamente, a juicio a las Comisiones y Cortes de Derechos Humanos, estas políticas cuyo alcance es profundo y nefasto, son objeto de elogio.
En el campo político, el neoliberalismo considera que la democracia liberal es la mejor forma de gobierno. En ella los ciudadanos, a ejemplo de lo que ocurre con los agentes en la esfera económica, tendrían un poder político y un grado de información igual o similar sobre los temas en disputa (aunque sin capacidad de influir sobre el proceso) y que, como en el mercado, el libre juego político produce las mejores y más justas políticas que promueven el bienestar general. El neoliberalismo, en su forma política, al debilitar el Estado y al no reconocer la influencia del poder económico y de los medios de comunicación en el proceso político, dificulta la sustitución de los mecanismos legales de concentración de poder por instrumentos de desconcentración. En consecuencia, torna aún más violento el proceso de concentración que engendra las violaciones de los derechos.
A nivel internacional, las políticas neoliberales, tales como el libre cambio, el libre movimiento de capitales, la desregulación y la apertura comercial, asocian a los grupos que concentran el poder en los Estados de la periferia con los que lo concentran en los Estados que están en el centro del sistema internacional, acelerando el proceso de concentración de poder en los niveles nacional y mundial y ampliando el ambiente favorable a la violación de derechos humanos en la periferia.
Las articulaciones entre grupos internos y externos en la ejecución de políticas neoliberales provocan una creciente transferencia de recursos, desde la periferia hasta el centro del sistema. Así se consolidan los oligopolios en la economía y en la política dentro del país periférico y en los países centrales. De esta manera, dificultan el desarrollo económico y la desconcentración de la renta, provocando el desempleo, la exclusión, la marginalidad y la violencia en los Estados centrales. Aunque en grado mayor se reproduce dicho fenómeno en las megalópolis periféricas que se expanden desordenada y miserablemente. En la periferia, millones de seres humanos han sido súbitamente afectados por los resultados de esas políticas, no en razón de alguna incomprensión de sus gobiernos (ya que estos se esforzaron al máximo en la aplicación de estas políticas neoliberales) o de males inherentes a las sociedades nativas que, si de algo fueron culpables fue de creer en los nuevos mitos centrales: la globalización y la paz. Las políticas neoliberales han sido la causa de las más graves violaciones de derechos económicos y sociales, así como de los políticos cuando se crearon las condiciones para la eventual reedición del autoritarismo, siempre latente en la periferia.

Violaciones de derechos y políticas públicas

Las estrategias de promoción y de defensa de los derechos humanos que dan prioridad a la educación, así como al cambio de mentalidades y la defensa de víctimas individuales no alcanzan el centro de la cuestión, que es la desigualdad de poder consagrada por la legislación y por el imaginario colectivo.
A medida que se tiene un éxito mayor o menor en el castigo a las infracciones específicas a los derechos humanos, es indispensable paralelamente actuar sobre los mecanismos que concentran poder y que se encuentran corporizados en políticas públicas y en sus instrumentos de elaboración, ejecución y sanción judicial. Las políticas públicas se realizan a través de la elaboración, la ejecución y la sanción de normas jurídicas y de la asignación de recursos. Así se configuran como determinaciones de la comunidad, a través del Estado, para el conjunto de la sociedad sobre los comportamientos que son legítimos y correctos.
Cada política puede en sí misma concentrar o desconcentrar poder, con relación a los grupos beneficiarios y a las víctimas de esta concentración. A título de ejemplo, un código de tránsito puede concentrar poder (y privilegios) en favor de los propietarios de automóviles o desconcentrarlo, beneficiando en este último caso a segmentos de la población no-propietaria de vehículos. Es decir, los peatones, las principales víctimas de los accidentes y mayoría absoluta de la población. La misma situación se repite en todas las áreas, desde la legislación bancaria hasta la educacional, donde los dispositivos legales pueden contribuir a reforzar los estereotipos y los preconceptos vigentes.
Es en el examen y debate exhaustivo de las políticas públicas, así como en su elaboración y ejecución, que se encuentran las oportunidades para promover la desconcentración de poder. Es, por lo tanto, en la arena política más amplia y colectiva que la lucha más eficaz por los derechos humanos puede triunfar de hecho, esto es, puede eliminar las causas más profundas de las violaciones.
Así, de la misma forma que en la lucha por la preservación del medio ambiente y de sus múltiples aspectos se crearon mecanismos legales de evaluación de proyectos para verificar, antes de ser implementados, su impacto ambiental, sería adecuado y posible establecer que las políticas públicas deberían estar sometidas a la evaluación de sus impactos sobre los derechos humanos, cuando son formuladas y antes de su implementación.
Los derechos humanos, políticos, económicos, culturales y sociales tienen que tener en la escala ética un valor más elevado que los derechos de preservación de la fauna y de la flora eventualmente amenazadas por proyectos humanos. Por esta razón debería ser obligatorio para el Ejecutivo presentar informes de evaluación de impacto sobre los derechos humanos, en sus diversos aspectos, de las distintas políticas públicas que propone, correspondiendo al Congreso y a la sociedad debatir sobre tales evaluaciones.
El análisis de cada política pública por parte de la sociedad y de sus representantes legítimamente electos para ello, puede llegar a favorecer la adopción de políticas públicas que desconcentren poder de todo tipo y que también contribuyan de forma efectiva a la promoción de la defensa de los derechos humanos.
Los mecanismos de concentración de poder político y económico (y por lo tanto las violaciones de derechos humanos, que acarrea la defensa de la concentración) están ligados a los temas de empleo y de distribución de la renta. Las características de las tecnologías utilizadas en la sociedad, así como la política tecnológica del Estado, son cuestiones en general dejadas de lado por los análisis sociales y económicos que juzgan a la tecnología como neutra y al progreso tecnológico siempre positivo.